Responsabilidad fiscal

La responsabilidad fiscal en la última década ha venido adquiriendo una significativa entidad y posicionamiento en nuestro ordenamiento, independientemente que el proceso se adelante a través de la ritualidad Ordinaria establecida en la Ley 610 de 2000 o Verbal al tenor de la Ley 1474 de 2011. Los resultados del proceso de responsabilidad fiscal, en cualquiera de estas dos modalidades procedimentales, tiene vocación de producir efectos colaterales en acciones disciplinarias, penales e incluso dar lugar a la extinción del derecho de dominio de bienes adquiridos en perjuicio del tesoro público.

Dentro de este contexto, por mandato constitucional, el Contralor General de la República y los contralores territoriales tienen la facultad de promover ante las autoridades competentes, aportando las pruebas respectivas, investigaciones fiscales, penales disciplinarias contra quienes presuntamente hayan causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado e incluso podrá exigir bajo su responsabilidad, verdad sabida y buena fe guardada, la suspensión inmediata de funcionarios mientras culminan las investigaciones o los respectivos procesos fiscales, penales o disciplinarios. Sin soslayar que la Carta Política tiene previsto igualmente que los resultados de los ejercicios de vigilancia y control fiscal, así como de las indagaciones preliminares o los procesos de responsabilidad fiscal adelantados por las contralorías tendrán valor probatorio ante la Fiscalía General de la Nación y el juez competente.

Así las cosas, en esta segunda edición, actualizada con el Acto Legislativo No. 4 de 2019, nos hemos ocupado tanto del Proceso de Responsabilidad Fiscal en sus dos modalidades procedimentales, como del estudio dogmático de algunos delitos previstos en el Código Penal que guardan relación con la responsabilidad fiscal (Peculado, Celebración Indebida de Contratos, Enriquecimiento Ilícito) y de la acción de extinción del derecho de dominio que igualmente puede conllevar, todo ello con su respectivo sustento normativo y el desarrollo jurisprudencial y doctrinario de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, orientados, en todo caso, a una mayor comprensión de esta especie de responsabilidad, de su trámite y de las consecuencias económicas y punitivas que de ella pueden derivar, independientemente de la inhabilidad o incompatibilidad que simultáneamente puede generar para actuales y futuras relaciones laborales y/o contractuales con entidades del Estado.