La indemnización moratoria en los sectores público y privado

Las demandas de los trabajadores para reclamar el pago de la sanción moratoria por los retardos del empleador en el pago de las prestaciones sociales o consignación de las cesantías es uno de los asuntos que mayor atención ocupa en la jurisprudencia. Esto en la medida en que es la forma en que la legislación castiga la tardanza del empleador en el cumplimiento de algunas de sus obligaciones laborales, al punto que la jurisprudencia laboral ha señalado que se trata de una verdadera sanción que se impone al empleador incumplido.

Ahora bien, por tener una naturaleza eminentemente sancionatoria, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha precisado que esta no opera de forma automática, sino que, en cada caso concreto, es deber del juez analizar si el empleador tuvo razones atendibles y justificadas para no cubrir a tiempo los salarios y prestaciones sociales del trabajador una vez finalizado el contrato de trabajo o para consignar las cesantías en el respectivo fondo. Lo anterior significa que se debe establecer si el empleador actuó de buena o mala fe y en función de esto el juez impondrá la correspondiente sanción.

Así, el objetivo general de esta obra es establecer, a partir del estudio de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, en qué casos se considera que ha habido buena fe y en cuáles no, a efectos de condenar a un empleador al pago de la indemnización moratoria, tanto en el sector público como privado.