La detención preventiva fundamentada en el peligro para la comunidad resulta inconvencional, por tanto, arbitraria

El presente trabajo tiene como propósito fundamental analizar el fin denominado “peligro para la comunidad” previsto en el artículo 310 del CPP, como uno de los presupuestos que permiten la restricción de la libertad a través de la detención preventiva en los albores del proceso penal, requisito que fue estudiado por la jurisprudencia constitucional mediante sentencia C-469 de 2014, por medio de la cual, la Corte Constitucional determinó su conformidad con nuestra carta política. Pese a su exequibilidad, resulta paradójico con lo dispuesto en la CADH, la jurisprudencia de la Corte IDH y la doctrina de CIDH, quienes de antaño han venido desechando dicho fin como presupuesto para limitar el derecho fundamental a la libertad, mediante el empleo de medidas de aseguramiento, lo que hace –entre otras– cosas que, el Estado colombiano se sustraiga de sus obligaciones internacionales, sin haber realizado reserva alguna al momento de suscribir el dicho pacto.