La contratación estatal

Uno de los grandes focos de corrupción en Colombia es generado en parte por aspectos relacionados con la "contratación" estatal. Consciente de la forma equivocada como fue escrita esta palabra; desde hace varios meses he venido abriendo los seminarios donde participo, empleando tal error con el único fin de colocarle posteriormente la barra vertical (I) a la letra ese (s), para significar el signo pesos, la cual quedaría escrita así, "contratación estatal". De esta forma no cabe duda de que se trata de una actividad vital para el desarrollo económico y social de la Nación, en la que se compromete anualmente alrededor de un 15 % del PIB nacional, según datos de 2020.

La evolución del sistema de contratación pública colombiano, si bien puede presentar aspectos que, naturalmente, aún restan por mejorar, sin duda alguna ha denotado avances. Lo fundamental es el reconocimiento que los distintos actores han hecho sobre la altísima relevancia de las compras del Estado y su vasta capacidad instrumental en la gestión pública. En este contexto las normas que han expedido al respecto, si bien pueden ser mejoradas, pero con una evaluación seria de las debilidades, amenazas y fortalezas, se ha notado el avance en el fortalecimiento de los principios de la contratación estatal, aunado al esfuerzo que se viene haciendo desde la judicatura y la academia.

En este sentido las irregularidades y problemáticas, no son producto de la ausencia de normas reguladoras, puesto que la corrupción no se combate solo con instrumentos jurídicos, es decir, de reformas con el mismo fin, debido a que se presenta en todos los campos y esferas, por lo que exige de la totalidad del conglomerado social y del Estado acciones disruptivas y transversales, emprendida de una labor educativa desde las familias y la escuela, pues, precisamente esta acción, tiene la potencialidad de servir de acicate adecuado para superar estos retos de cara al apremiante desarrollo económico y social.