La ilicitud constitucional del objeto del negocio jurídico
Diego Rodrigo Cortés Ballén
Licencia de minería de texto y datos
Declarado por la editorial el 22 julio 2026 a las 22:46:36 UTC
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Formatos
| Formato | ISBN | Recordreference | DOI | Año |
|---|---|---|---|---|
| Impreso | 9789587105780 | SIMEHPRINTIE49CC8BADC4BFCH9HBC | — | 2010 |
| E-book | 9789587105780 | SIMEHEBOOKC61A61E7G31FE48G948 | — | 2010 |
Sobre esta obra
Todo negocio, comercial o civil, obedece a una estructura orgánica, razón por la cual el funcionamiento del acto dispositivo requiere de elementos esenciales sin los cuales no podría existir y, por ende, no sería susceptible de producir efectos jurídicos, amén de exigirse la presencia de otro tipo de elementos cuya ausencia no genera propiamente la inexistencia del acto, pero sí impide su correcta funcionalidad, acarreando la pérdida de eficacia jurídica del negocio. El análisis de las anormalidades que puede presentar el negocio comercial está circunscrito a la verificación de la legalidad del acuerdo, en sentido amplio, concepto según el cual el negocio debe respetar las normas imperativas impuestas por el orden jurídico, el orden público, las buenas normas imperativas impuestas por el orden jurídico, el orden público, las buenas costumbres, modernamente los lineamentos generales del negocio típico o atípico. Con esta investigación se pretende consolidar una teoría de la ilicitud constitucional del objeto, a partir de los lineamientos judiciales, con arreglo a la normativa legal existente y con estricta sujeción a las normas constitucionales, para brindar instrumentos, herramientas e instituciones jurídicas que logren prevenir, evitar o sancionar las cláusulas negóciales o comportamientos contractuales inconstitucionales.Con esta investigación se pretende consolidar una teoría de la ilicitud constitucional del objeto, a partir de los lineamientos judiciales, con arreglo a la normativa legal existente y con estricta sujeción a las normas constitucionales, para brindar instrumentos, herramientas e instituciones jurídicas que logren prevenir, evitar o sancionar las cláusulas negóciales o comportamientos contractuales inconstitucionales.