Aspectos procesales de acción de tutela
Ramiro Bejarano Guzmán; Pablo A. Moreno Cruz; Marcela Rodríguez Mejía
Licencia de minería de texto y datos
Declarado por la editorial el 22 julio 2026 a las 22:21:04 UTC
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Formatos
| Formato | ISBN | Recordreference | DOI | Año |
|---|---|---|---|---|
| Impreso · ed. 1 | 9789587728682 | SIMEHPRINT38517B5F7JGIDBJ95I57 | — | 2017 |
| E-book · ed. 1 | 9789587728682 | SIMEHEBOOK62A049H1GG45AFJ622F6 | — | 2017 |
Sobre esta obra
El presente es un trabajo también crítico sobre las instituciones procesales más frecuentes en el trámite de la acción de tutela. Se trata de un conjunto de artículos que no se limita a la identificación de las disposiciones legales pertinentes, sino que además contiene diversos análisis y reflexiones sobre aspectos controversiales del trámite del recurso de amparo, con base en las providencias más relevantes proferidas por la Corte Constitucional a través de estos últimos 25 años de vigencia de la acción de tutela.
La acción de tutela significó para Colombia lo más parecido a una revolución, en el sentido de que con ella se hizo posible a todos los ciudadanos no solo tener un acceso a la justicia del que antes carecían, sino entender la utilidad de contar con una Constitución Política que hubiese reconocido este mecanismo para proteger sus derechos fundamentales. Sin duda, bien puede decirse que gracias a la acción de tutela se inició una nueva y trascendental era que los procesalistas han denominado como una especie de "procesalización del derecho constitucional", mientras los constitucionalistas la reconocen como una especie de "constitucionalización del derecho procesal". Cualquiera sea la denominación, lo cierto es que el "derecho de la tutela" irrumpió en el firmamento jurídico nacional para quedarse. La acción de tutela fue concebida como un mecanismo procesal despojado de formalismos procesales y de ritualidades a la vieja usanza del derecho procesal, con el propósito de hacerla lo más informal posible para que todos los ciudadanos pudieran acceder a ella y al restablecimiento de los derechos fundamentales amenazados o conculcados por una acción u omisión de una entidad pública o de un particular.