Aplicación de la teoría de la Imprevisión en el derecho alemán tras la reforma de 2002: Ventajas y breves alusiones al caso colombiano

El papel político otorgado a los jueces en virtud de la clásica división de los poderes en las democracias occidentales, su papel de último arquitecto de la regulación normativa en los casos no previstos por la ley, de que hablaba Dieter Simon en muchas de sus obras, ha venido a ser ejercido no solo por las jurisdicciones constitucionales, administrativas o penales, sino también por las jurisdicciones civiles en muchos países del mundo contemporáneo. Para ello, entre otras figuras jurídicas de gran trascendencia, no solo para los particulares, sino para los desarrollos dogmáticos ulteriores del negocio jurídico, contaron los jueces civiles – y cuentan de manera renovada- con la Teoría de la Imprevisión. Esta teoría, o para ser más exactos, la teoría de las bases del negocio jurídico y su desaparición o decaimiento, para recordar la traducción de la magistral obra del profesor Karl Larenz, “Bases del negocio jurídico y cumplimiento de los contratos“, que honda huella dejó en la academia nacional, fue una figura diseñada por la doctrina alemana y en especial por Oertmann y Windscheid, acogida por los jueces germanos en el periodo entreguerras y exportada posteriormente a casi todas las jurisdicciones pertenecientes a la familia del derecho continental europeo, incluidas las latinoamericanas. El profesor Guillermo Castro Ayala al traducir parte de su tesis del Magister Llegum (Ll.M.), adelantada en la Universidad de Constanza, en el Estado de Baden-Württemberg, en la República Federal de Alemania, entre los años 2006 a 2007, nos brinda la oportunidad de conocer de manera detallada que implicaciones sistemáticas y aplicativas ha sufrido esa interesante figura en ese país, tras su postulación legal en el BGB, (código civil alemán), con ocasión de la reforma del derecho de obligaciones cumplida en el 2002. En Colombia, los créditos de consumo de libre inversión, los destinados a la educación y sobre todo a la adquisición de vivienda, implicaron, luego de que el Sistema UPAC hiciera crisis, que las instancias constitucionales vinieran a ocuparse de esos temas y a considerar como atentatorio de la Carta, el hecho de que se suscribieran contratos de mutuo, de ejecución sucesiva, que contuvieran cláusulas abusivas, que no solo afectaban la economía doméstica del ciudadano común, sino que, sobre todo violasen derechos fundamentales, esenciales para la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria. En esa medida el texto del Profesor Castro Ayala funge de puente discursivo entre los desarrollos jurisprudenciales y legislativos entre la Nación que creó y sigue recreando la interesantísima figura y nuestro país, cuya ciudadanía sigue acumulando esperanzas en unas jurisdicciones civiles, laborales o de seguridad social, que en algún momento deberán abandonar el formalismo, para convertirse en guardianes y realizadoras efectivas de los derechos fundamentales de las personas.