El Código Nacional de Procedimientos Penales

Recientemente las normas constitucionales han sido objeto de dos importantes reformas: 18 de junio de 2008 y 10 de junio de 2011, las cuales establecen las bases del nuevo sistema de justicia penal propio de un Estado de Social y de Derecho garante de los Derechos humanos, lo cual se ha visto reforzado con la firma y ratificación de diversos tratados internacionales. A partir de la interrelación de dichas normas supremas surgen mandatos a los cuales se debe ajustar el Derecho penal y procesal penal mexicanos para cumplir con el reconocimiento y la protección de Derechos humanos de legalidad e igualdad. Por ello todas las autoridades mexicanas están obligadas a evitar actos que lesionen dichos Derechos humanos y, en su caso, los jueces deberán velar porque ello se cumpla al emitir sus resoluciones (art. 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en adelante CPEM) por lo cual, cualquier acto de autoridad que haya violentado los citados Derechos humanos deberá ser declarado como anticonstitucional y podría derivar en la responsabilidad del funcionario que los transgredió (art. 1o. de la CPEM).