Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y controla la financiación del terrorismo en Colombia

Desde los años noventa con la caída de la antigua Unión Soviética y el desmonte del modelo económico, político y militar imperante desde la Guerra Fría, la globalización ha facilitado el acercamiento y colaboración entre los Estados, permitiendo integración económica global y regional, caracterizada por un comercio internacional dinámico y fluido, orientado a la movilidad extraterritorial de personas, mercancías, capitales, bienes y servicios. A la vez, este fenómeno plantea desafíos supranacionales para contener al crimen organizado y su expansión, ya que facilita que las economías subterráneas intercambien mercancías y servicios en el concierto internacional, ocultando o lavando con mayor facilidad las ganancias producidas. Si la política criminal en los años ochenta gravitó entorno al desmantelamiento de los carteles de la droga, principalmente a través de la captura de sus integrantes, la prioridad en la siguiente década, tras la creación del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) en 1989, consistió en establecer un sistema homogéneo para neutralizar las enormes ganancias del crimen organizado transnacional  derivadas del narcotráfico, corrupción, tráfico de armas o personas, entre otros delitos– recursos capaces de desestabilizar y obstruir la gobernabilidad y el desarrollo económico y social de países emergentes como Colombia. Los componentes mínimos de este sistema internacional se unificaron en las 40 Recomendaciones del Gafi, orientadas, durante los últimos 25 años, a la adopción de las mismas por parte de los Estados, es decir, a que las instituciones públicas y privadas cobijadas por ellas lograran un nivel suficiente de cumplimiento técnico. No obstante, desde el año 2012, estas Recomendaciones fueron revisadas y fortalecidas, debido a la preocupación desde ese organismo en generar resultados y medir la efectividad del sistema internacional.